Irregularidades en compras directas RACSA – ESTADO

Irregularidades en compras directas RACSA – ESTADO

 

Irregularidades en compras directas RACSA – ESTADO

Las contrataciones directas   entre entidades estatales y RACSA, el Instituto Costarricense de Electricidad y Empresa de Servicios Públicos de Heredia, basadas en el uso ilegítimo de  la excepción de contratación entre entes de derecho público, ha sido, desde hace muchos años ya, una vía de evasión del proceso de licitación, para perjuicio del interés público. Secreto a voces, indignación para unos, negocio de otros; daño para la Hacienda Pública y el mercado de telecomunicaciones.

Especialmente, en el sector de telecomunicaciones, estas contrataciones “a dedo” y sin tope económico, han sido un elemento de distorsión del mercado. La Superintendencia General de Telecomunicaciones ya había llamado a la competencia abierta en servicios de telecomunicaciones, como comunicación punto a punto e internet, por ejemplo, el oficio 03 de octubre del 2022 08690-SUTEL-OTC-2022, aunque, con las limitaciones de una autoridad con las manos, por momentos, atadas:

“…si bien las opiniones que emite la SUTEL no tendrán efectos vinculantes, aquellas entidades que se aparten de estas opiniones quedarán obligadas a informar a esa Autoridad Sectorial de Competencia, sobre sus motivaciones, en un plazo no mayor a treinta días naturales. Tal informe deberá ser suscrito por el superior jerárquico del INA. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los numerales 21 de la Ley 9736 y 24 de su Reglamento.”

Por su parte, la Contraloría recibió muchas denuncias de prácticas promovidas por el Estado, para evadir la licitación, por medio de compras directas a RACSA, ICE,  y ESPH, quienes no podían desaprovechar al cliente cautivo, inocente y tan apático frente a los procesos licitatorio, que parece dispuesto a pagar el precio de un mal negocio, amparado a estudios de mercado limitados en cuanto a quien se consulta, el alcance de las consultas de mercado y en general, un desapego a la lógica elemental. Todo para no hacer licitaciones, asumiendo riesgos, incluso de delinquir por parte de los funcionarios públicos, tomadores de decisiones.

Aunque inoportuna, como la contralorías y tribunales de cuentas en otros países, la Contraloría Genera de la República endereza la plana con un castigo ejemplificante para RACSA, según los informes divulgados este 19 de mayo de 2025 https://www.cgr.go.cr/06-noticias-cgr.html:

Orden dirigida al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Junta de Protección Social (JPS), Asamblea Legislativa (AL), Dirección Nacional de CEN-CINAI, y la Municipalidad de San José. A estas entidades contratantes, se les ordena ejecutar las acciones administrativas para no reconocer la utilidad en los contratos analizados e implementar las acciones para recuperar los montos que por ese concepto se han pagado a la fecha, conforme el ordenamiento jurídico aplicable.”

La Contraloría está calificando esto casos como “contrato irregular” con dos consecuencias graves, según el artículo 103 de la Ley General de Contratación Pública: la imposibilidad legal de reconocer la utilidad para el contratista conforme el desglose del precio y falta de esta el 10%, y las sanciones para los funcionarios, que pueden ser graves, según cada caso.

La actuación de RACSA para asociarse con sus proveedores de tecnologías con el fin de  prestar servicios ajenos incluso a su experiencia y conocimiento, fue calculada, y directamente contraria las normas sectoriales y a la integridad, con la complacencia de las entidades públicas, en el rol de compradoras de servicios, evasoras de procesos concursados:

Lo  anterior  implica  que  la  Administración  Contratante  no  se  cuestionó  ni  realizó valoración  alguna  de  la  naturaleza  y  alcance  de  la  figura  jurídica  que  utilizaría  la  empresa pública  contratada  para  introducir  a  un  sujeto  de  derecho  privado  en  la  realización  del contrato  a  partir  de  un  proceso  excepcional  de  contratación  directa  entre  sujetos  de derecho  público,  ni  tampoco  conoció  ni  valoró  la  capacidad  y  las  actividades  a  ejecutar  por el  sujeto  de  derecho  privado  con  el  que  RACSA  llevaría  a  cabo  de  forma  conjunta  el objeto contractual.” Texto completo del documento 19 de mayo, 2025 DFOE-CIU-0192

Mención aparte merecen las empresas privadas que lograron colarse por la puerta de atrás, para hacer negocios con el Estado a través de su “socio estratégico”, sin cartel de licitación, objeción al pliego, apelación, ni refrendo. Solo denuncias que se apilaban, hasta que su peso hizo que todo cayera.

Finalmente, las auditorias internas del ICE, ESPH, CNFL y JASEC pueden, ahora sí, dar prueba de su independencia y capacidad de hacer una valoración objetiva sobre la legalidad de las actuaciones de la administración activa, con los estudios que por años evadieron. Ahora tienen los documentos emitidos por la Contraloría General de la Repúblicas en este caso, en mi opinión, emblemáticos.

Si en algún momento hemos sido críticos de la Contraloría, hoy es el día para agradecer y valorar su aporte en estos casos, donde la institucionalidad se había vuelto inoperante, y la vía judicial, un largo vía crucis, muchas veces descartado como una solución viable.

Conclusión

El uso abusivo de contrataciones directas entre entes públicos ha distorsionado el mercado de telecomunicaciones, afectando negativamente la eficiencia, la transparencia y el interés público. La apertura a la competencia, mediante procesos licitatorios transparentes, no solo garantiza mejores precios y calidad en los servicios, sino que fomenta la innovación, elimina privilegios indebidos y fortalece la institucionalidad.

La reciente intervención de la Contraloría General de la República marca un paso importante hacia la corrección de estas prácticas, devolviendo al mercado su lógica competitiva y promoviendo un uso más responsable y estratégico de los recursos públicos.

Es un paso muy importante, que traza una línea a seguir.

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